La historia de un país se escribe con cada decisión colectiva, en momentos donde el rumbo se define con claridad. Puerto Rico, en este cruce de caminos, enfrenta dos posibles historias radicalmente diferentes: una bajo el liderazgo del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por Jenniffer González, y la otra bajo un gobierno de coalición del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), con Juan Dalmau a la cabeza. El futuro de la isla pende de esta elección, y la narrativa que se construya determinará no solo su estructura política, sino también el bienestar, la equidad y la justicia social de su gente.
Imaginemos un Puerto Rico gobernado por el PNP y Jenniffer González, un partido marcado por décadas de corrupción y lazos profundos con intereses económicos que priorizan el capital sobre el bienestar social. Bajo la administración del PNP, los problemas estructurales como la deuda pública, la dependencia extrema de Estados Unidos, y la privatización desmedida continuarían siendo la norma. El resultado sería la profundización de la desigualdad: los servicios públicos como la electricidad, la educación y la salud seguirían deteriorándose debido a privatizaciones, tal como ya se ha visto con el desastre de LUMA Energy y la privatización del sistema eléctrico.
Jenniffer González, con su enfoque en una agenda de estadidad como la solución a todos los problemas de la isla, ignora las consecuencias prácticas de esa promesa. La estadidad en sus términos requiere cambios estructurales drásticos que el Congreso de los Estados Unidos ha demostrado no estar dispuesto a considerar seriamente. Mientras tanto, las decisiones de su administración probablemente continuarían respondiendo a las mismas élites económicas que han financiado al PNP por décadas.
Con el PNP, la historia sería una de mayor dependencia, donde los fondos federales continuarían siendo el salvavidas, pero también el límite de las aspiraciones. El pueblo puertorriqueño seguiría siendo espectador en las decisiones sobre su futuro, y la promesa de progreso seguiría siendo una ilusión distante, mientras los que más sufren son los trabajadores, las comunidades empobrecidas, y las personas sin acceso a servicios básicos de calidad.
La historia de la revalidación de las políticas del PNP es la historia de un Puerto Rico sin puertorriqueños.
En contraste, La Alianza de País de la cual deriva el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP, ofrece una historia radicalmente diferente: una oportunidad real de gobierno democrático. Este es un camino que coloca en el centro no solo el bienestar económico, sino el desarrollo social y humano. Con Juan Dalmau en la gobernación, el enfoque sería la equidad, asegurando que los fondos públicos se destinen a los sectores más vulnerables de la población, en lugar de a los bolsillos de unos pocos. La corrupción, un cáncer que ha corroído la confianza en las instituciones, sería combatida con políticas transparentes y una participación ciudadana más activa.
La agenda del PIP y MVC propone un sistema de salud universal, que garantice que los servicios no estén controlados por aseguradoras que responden al lucro, sino por un sistema accesible para todos. En el ámbito educativo, buscarían fortalecer el sistema público y descentralizar la toma de decisiones para que las comunidades tengan más poder sobre el destino de sus hijos. La energía, un pilar para el desarrollo económico, sería reestructurada, con una fuerte apuesta por la transición a energías renovables, alejando a la isla del control corporativo que representa LUMA y otras entidades privatizadoras.
Bajo esta Alianza, la estadidad, la independencia o cualquier otro modelo no sería impuesto, sino consultado mediante una asamblea constitucional de estatus, permitiendo que los puertorriqueños elijan su propio futuro con información clara y transparente.