Puerto Rico ha sufrido una crisis económica, social y política sin precedentes en la última década. Bajo la dirección del Partido Nuevo Progresista (PNP), se han implementado políticas que han favorecido a intereses privados y extranjeros, al mismo tiempo que han desmantelado los derechos fundamentales de los puertorriqueños. Estas políticas son parte de un plan más amplio: Un Puerto Rico sin puertorriqueños. A continuación, desgloso cómo, si el PNP gana mayoría en noviembre 5 de 2024, implementará políticas para culminar exitosamente este plan. Las áreas de privatización de servicios esenciales, la precarización laboral y la entrega del sistema de salud a aseguradoras son algunos de los elementos clave de este despojo.
Desde que el PNP tomó las riendas del gobierno, ha liderado un proceso de privatización que ha afectado profundamente la vida diaria de los puertorriqueños. Las decisiones que han tomado no son aisladas; son parte de un esquema diseñado para expulsar al puertorriqueño promedio de su tierra, haciendo la vida tan difícil y costosa que se vea forzado a emigrar.
¿Por qué el PNP parecería favorecer un Puerto Rico sin puertorriqueños, y cómo esto les beneficia?
Un puertorriqueño que ama su patria podría resistir estas políticas y exigir derechos. Sin embargo, extranjeros sin apego cultural aceptan las reglas del sistema sin cuestionarlo, beneficiándose del clima fiscal favorable. Esto debilita la oposición a las políticas que favorecen la acumulación de riqueza para unos pocos.
Entre las políticas más devastadoras están:
Privatización del Servicio Eléctrico (LUMA Energy): El contrato con LUMA Energy es un ejemplo claro de cómo el PNP ha favorecido a empresas extranjeras a expensas del bienestar de los ciudadanos. La privatización ha resultado en tarifas más altas y un servicio deficiente, dejando a muchas familias sin luz durante días. Esto ha profundizado la pobreza y desincentivado el desarrollo económico local.
Cierre de Escuelas Públicas y Expansión de Escuelas Chárter: Cientos de escuelas públicas han sido cerradas, desplazando a estudiantes de comunidades rurales y marginadas. Mientras tanto, las escuelas chárter han florecido, beneficiando a corporaciones privadas y promoviendo la desigualdad en el acceso a la educación.
Reforma Laboral y Precarización del Trabajo: El PNP ha reducido drásticamente los derechos de los trabajadores a través de varias reformas laborales. Estas leyes facilitan el despido, eliminan beneficios como el bono de Navidad y reducen el acceso a licencias por enfermedad y vacaciones. El resultado es un empleo precario que obliga a muchos a buscar mejores oportunidades fuera de la isla.
Leyes de Incentivos Fiscales para Extranjeros (Ley 60): Esta ley ha permitido que millonarios extranjeros evadan impuestos al mudarse a Puerto Rico, mientras que los puertorriqueños ven aumentos en los costos de vida. La llegada masiva de estos inversionistas ha inflado el mercado inmobiliario, desplazando a los residentes locales y transformando vecindarios en enclaves exclusivos para los ricos.
El Sistema de Salud en Manos de Aseguradoras Privadas: Quizás el aspecto más alarmante de la privatización del PNP es cómo ha entregado el control del sistema de salud a aseguradoras privadas. Estas corporaciones deciden qué servicios se cubren y cuáles no, priorizando las ganancias sobre la vida humana. Este modelo ha dejado a miles sin acceso adecuado a cuidados médicos esenciales.
Las aseguradoras han financiado las campañas políticas del PNP, del PPD y hasta de Proyecto Dignidad. Estas empresas invierten en los candidatos del partido para asegurar que continúe el flujo de contratos millonarios y el control del sistema de salud. Así, se perpetúa un ciclo en el que la salud del pueblo está en manos de entidades privadas cuyo único interés es maximizar sus beneficios.
Si el PNP gana en estas elecciones 2024, redoblará esfuerzos en estas áreas, consolidando el desarraigo de los puertorriqueños. Las políticas que promoverán incluyen:
Privatización de más servicios: Tras el modelo de LUMA, el PNP buscará privatizar servicios públicos esenciales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Esto implicará tarifas más altas, peor servicio y menos acceso a agua potable para las comunidades vulnerables.
Expansión de las Leyes de Incentivos Fiscales: Continuarán promoviendo incentivos para atraer a más millonarios extranjeros, a expensas del bienestar de la clase media puertorriqueña. Esto aumentará el desplazamiento de familias locales y el encarecimiento de la vivienda.
Más control de las aseguradoras en el sistema de salud: Las aseguradoras seguirán decidiendo quién recibe tratamiento médico y quién no, aumentando las barreras para los puertorriqueños de bajos ingresos. Además, se reducirán los fondos para hospitales públicos y programas de salud comunitaria.
Más Control Electoral / Menos Democracia: Veremos una continuación y aceleración de las tácticas que han utilizado en ciclos electorales previos para restringir el voto y consolidar el poder, como hemos observado en elecciones recientes. En 2020, cambiaron las reglas del juego al aprobar el nuevo Código Electoral apenas meses antes de las elecciones, lo cual provocó un caos generalizado. Este Código Electoral permitió que el PNP nombrara a la mayoría de los directivos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), eliminando el balance político que solía existir en la institución. Esto creó un sistema controlado casi en su totalidad por el PNP, afectando la transparencia y equidad electoral. Además, bajo este control, se manejaron irregularidades en el voto adelantado. A esto se le suma que el partido que domine, podrá nombrar 3 jueces al Tribunal Supremo, consolidando su influencia en el poder judicial, lo que representa una amenaza directa a la equidad y transparencia de los procesos democráticos y a la protección de derechos fundamentales, como lo ha demostrado la trayectoria del PNP en restringir derechos y beneficiar intereses particulares.
Revisión del Plan de Uso de Terrenos: Destrucción de Espacios Naturales para Beneficio de Pocos: En 2025 se revisará el Plan de Uso de Terrenos, y bajo un gobierno del PNP, es probable que continúen con su tendencia de priorizar la construcción desmedida sobre la protección de recursos naturales. En lugar de preservar terrenos de alto valor ecológico para futuras generaciones, existe un alto riesgo de que se promuevan proyectos de desarrollo que beneficien a desarrolladores y empresarios a expensas de las comunidades locales y el medio ambiente. Esta política de destrucción de espacios naturales no solo amenaza el bienestar de las futuras generaciones, sino que también impacta negativamente en áreas como la calidad del aire, el manejo de aguas pluviales y la seguridad ante desastres naturales. Como hemos visto antes, esta preferencia por la ganancia inmediata sobre el bien común continúa alejando a Puerto Rico de un desarrollo sostenible y responsable.
No hay duda el objetivo final del PNP es vaciar Puerto Rico de su gente. Las políticas que han implementado y las que planean implementar hacen cada vez más difícil que los puertorriqueños vivan y trabajen en su tierra. Esto es un plan deliberado para transformar la isla en un paraíso para extranjeros y grandes corporaciones, dejando atrás a su gente y dejando el camino libre para el banquete total de sus líderes políticos.